The company must pay the penalty within 15 working days.
New Zealand.- The Auckland High Court has approved a NZ$4.16m (US$2.54m) settlement agreement stemming from civil penalty proceedings against SkyCity Entertainment Group for breaches of the New Zealand Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Act 2009. SkyCity has also been ordered to pay the Department of Internal Affairs’ legal costs. The civil penalty must be paid within 15 working days.
In May, the company admitted that it breached its obligations to undertake and review a risk assessment, establish, implement, and maintain a fully compliant AML/CFT compliance programme, adequately conduct account monitoring, conduct enhanced customer due diligence and terminate business relationships when required. The failures occurred between February 2018 and March 2023.
John Sneyd, general manager regulatory services, DIA, said: “We are pleased the Court, DIA and SkyCity were able to finalise the settlement agreement promptly. For us to achieve this without years of court proceedings and legal costs is a great outcome.
“Casinos can be an attractive way for criminals to launder proceeds of crime. We cannot take the risk that criminals might choose New Zealand casinos as a way of cleaning their dirty money. Casinos must have robust processes in place to protect them from misuse.
“We are satisfied that SkyCity admitted responsibility for their significant failings alongside their continued improvement to meet their AML/CFT obligations, to make sure breaches like these don’t happen again.
“DIA is steadfast in its commitment as a supervisor in New Zealand’s AML/CFT system and this result shows that if a business fails to meet its AML/CFT obligations, we will act accordingly.”
In a separate press release, Jason Walbridge, SkyCity’s chief executive officer said, “SkyCity is aware that, as a casino operator, we have a responsibility to combat money laundering and terrorism financing.
“This is a responsibility we take very seriously. We will continue to upgrade our anti-money laundering and counter-terrorism financing systems to ensure we meet both our regulatory obligations and the expectations of the communities in which we operate.”
SkyCity posted a net loss after tax of NZ$143.3m (US$88.3m) for the fiscal year 2024 due to accounting adjustments, including an AU$86.2m (US$57.5m) impairment of the SkyCity Adelaide assets and a tax adjustment of NZ$129.6m (US$78.4m) following changes to New Zealand tax legislation.
Revenue was up 0.3 per cent year-on-year to NZ$928.5m (US$572m) while earnings before interest, tax, depreciation, and amortisation (EBITDA) fell by 16.7 per cent to NZ$138.2m (US$85.15m). The company attributed the decline to a difficult operating environment and the impact of accounting adjustments.
Auckland generated 65 per cent of revenue, followed by Adelaide (26 per cent) and Hamilton (7 per cent). Gaming revenue was down 2.9 per cent year-on-year to NZ$727.7m (US$448.34m) while online gaming revenue fell by 39.2 per cent to NZ$9.3m (US$5.73m). The casino operator recorded 7 million visitors its four sites.
La Comisión Nacional de Juegos de Azar pidió que se avance en la unificación de los proyectos que actualmente están en debate.
Paraguay.- El desarrollo del trabajo de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) podría sufrir una serie de modificaciones si se avanza con algunos proyectos de ley que tienen en su foco al ente que regula la industria en Paraguay.
Por un lado, esta semana se conoció la intención del Poder Ejecutivo de transferir la supervisión de la Conajzar a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) a través de la presentación de un proyecto de ley, con el objetivo de mejorar los niveles de control sobre las empresas del sector.
Esta información fue develada por Óscar Orué, titular de la DNIT, quien, en el marco de la presentación del presupuesto 2025 ante la Comisión Bicameral de Presupuesto adelantó que el presidente de la República, Santiago Peña está preocupado por la situación de los juegos de azar.
La intención del Ejecutivo de avanzar con esta iniciativa fue ratificada por el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, quien argumentó el cambio señalando que existe mucha información que se pueden cruzar en materia de juegos de azar y esta decisión redundará en un mayor ingreso para el Estado.
En diálogo con el medio local ABC, el ministro explicó: “Creemos que también en los juegos de azar vamos a tener incrementos en la recaudación una vez que pongamos la Conajzar dentro de la DNIT y tengamos ese intercambio de información entre aduanas, lo que era la SET (impuestos internos) y la Conajzar específicamente».
Si se avanza con esta propuesta, la Conajzar pasaría a depender de la DNIT, cuyo titular es Óscar Orué, una institución que fue creada en agosto del año pasado mediante la fusión de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), dependiente del entonces Ministerio de Hacienda, hoy MEF, y de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), dependiente directamente de la Presidencia de la República.
Por otra parte, existen en el Congreso Nacional otros dos proyectos que afectaría el funcionamiento de la Conajzar. Uno está en la Cámara de Diputados y establece la desmonopolización de los juegos de quiniela y de las apuestas deportivas. El segundo, presentado en el Senado, tiene más modificaciones, entre ellas, le otorga algunas prerrogativas al ente regulador.
Ver también: Desde Conajzar afirman que las tragamonedas ilegales evaden más de USD 38m en concepto de canon en Paraguay
Carlos Liseras, presidente de la Conajzar, habló con el medio local Última Hora y explicó que busca que los tres proyectos se unifiquen y que sean tratados en carácter de urgencia en el Parlamento.
“Tratamiento de carácter de urgencia por dos motivos; el primero y más importante, para proteger a los menores de edad que son víctimas de la explotación clandestina de juegos de azar. El segundo motivo es para poder recaudar más dinero que luego son destinados a sectores menos favorecidos”, señaló.
Conajzar recauda entre G. 13.000m (USD1.8m) y G. 15.000m (USD1.9m) al mes. Esto se transfiere a un 30 por ciento a la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social, otro 30 por ciento a los municipios, otro 30 por ciento a las gobernaciones, mientras que el 10 por ciento restante se transfiere a Salud para fondear a Fondo Nacional de Recursos Solidarios (Fonares), fondo destinado para las intervenciones de alta complejidad.
